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Un enfoque comparativo entre la noción de “internacional” y de “comercial”, en la nueva ley de arbitraje argentina (Ley 27.449)

En los últimos años, el arbitraje en América Latina se ha vuelto cada vez más importante. Así, durante décadas, mientras muchos países parecían mostrar cierta ignorancia hacia el mismo, estos parecen haberse abierto más y más (en este sentido referirse a Fernández Arroyo, 2013).

Uno de los últimos ejemplos es el caso argentino. De hecho, Argentina ha cambiado su legislación dos veces en los últimos cuatro años: la primera con la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial y la segunda con la Ley 27.449 sobre arbitraje comercial internacional, publicada el 26.07.2018 (Infoleg, 2005a).

Estos recientes cambios legales demuestran que el arbitraje está en el centro de los debates legales y políticos de Argentina; y no es menor. Dado que Argentina nunca ha sido una sede relevante de arbitraje internacional, estos vaivenes pueden -potencialmente- desencadenar un cambio importante.

En consecuencia, es interesante confrontar esta pregunta para ver si la nueva ley tiene este potencial o no. En este sentido, es importante examinar primero que esta ley reproduce la ley modelo CNUDMI (A).

El propósito de este ensayo no será enumerar todas las diferencias, sino centrarse en aquellas que son esenciales para la aplicación misma de la ley, a saber, la definición dada por ella a la noción de “internacional” y ” comercial” (B).

Posteriormente, se analizará de manera comparativa la interpretación dada a estos términos en otros países y convenciones (C).

Finalmente, se analizarán las posibles consecuencias para el arbitraje comercial internacional argentino en vista de los análisis que se realizarán previamente (D).

  1. La nueva Ley Argentina de Arbitraje Comercial Internacional (Ley 27.449, Ley de Arbitraje o Ley)

 

No hay duda de que la nueva Ley podría ser el tema de un artículo completo, sin siquiera rayar la superficie. Sin embargo, algunos aspectos generales pueden ser mencionados.

En primer lugar, la ley de arbitraje se basa, con algunas excepciones, en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje internacional comercial (en adelante, Ley Modelo) (Uzal, 2018, p. 620). De ese modo, Argentina se ha unido a muchos países, como Alemania, Canadá o España que ya lo han replicado (UNCITRAL, 2019b). La Ley adopta, así, la Ley Modelo en términos entre otros de acuerdos de arbitraje y reconocimiento de laudos arbitrales.

Por lo tanto, además de ofrecer cierto grado de armonización internacional en el arbitraje comercial internacional, esto permite contar con interpretaciones y jurisprudencia ampliamente aceptadas[1].

En segundo lugar, la Ley de Arbitraje hace que Argentina se mueva de un país monista, es decir, con las mismas normas relativas al arbitraje nacional e internacional, a un sistema dualista (Caivano & Sandler Obregón, 2018, p. 575).

De este modo, se desprende de su artículo 1 lo relativo al ámbito de aplicación:

La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en la República Argentina” (Artículo 1 de la ley 27.449).

Más allá de agregar el concepto de exclusividad[2], que no está contenido en la Ley Modelo, es notable que este régimen de exclusividad solo se aplique al arbitraje que combina las características de ser “internacional” y “comercial”.

Por lo tanto, es esencial entender lo que significan los términos “comercial” e “internacional” porque, por otra parte, si no nos encontráramos en un arbitraje de esta naturaleza, entonces esta Ley no entraría en vigencia y se aplicarían otras normas relativas al arbitraje en Argentina.

La definición de “comercial” e “internacional” en la Ley 27.449

Es esta misma Ley la que en sus artículos 3 y 4 da una primera definición a la noción de “internacional” y en su artículo 6 a la noción de “comercial”.

Art. 3°- Un arbitraje es internacional si:

  1. a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes; o
  2. b) Uno de los siguientes lugares está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:
  3. El lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;
  4. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha.

Art. 4°- A los efectos del artículo 3º de la presente ley:

  1. a) Si alguna de las partes tiene más de un (1) establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje;
  2. b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.

[…]

Art. 6°- A los efectos del artículo 1º, se considerará que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado o regida preponderantemente por él en el derecho argentino. La interpretación será amplia y en caso de duda, deberá juzgarse que se trata de una relación comercial” (Artículo 3, 4 & 6 de la Ley 27.449).

En términos de internacionalidad, podemos observar que el legislador argentino ha optado por mantener una definición cercana a la Ley Modelo (Artículo 1.3 de la Ley Modelo). La única excepción a esto es que el legislador ha optado por excluir una internacionalidad sobre la base de la subjetividad de las partes y retener una basada en la objetividad de los puntos reales de contacto con un Estado (Caivano & Sandler Obregón, 2018, p.578).

Es importante destacar que, en términos de comercialidad, este artículo finalmente llega a enmarcar su definición en ley positiva, ya que esta se refería anteriormente a la doctrina y la jurisprudencia argentinas (Rivera, 2018, p.4).

Esta definición se desvía ligeramente de la proporcionada por la Ley Modelo. Por lo tanto, extiende la noción de “comercial” a cualquier relación de derecho privado, contractual o de otro tipo, o preponderante por ella. Sin embargo, se menciona que el derecho privado que debe regir la relación jurídica debe ser de derecho argentino. En caso de duda, el legislador argentino prefirió adoptar una interpretación amplia, a favor de la noción de comercialidad (Nota de pie del Artículo 1.1 de la Ley Modelo).

Pero luego está la cuestión de las consecuencias que tiene concretamente en la práctica. Primero analizaremos la internacionalidad (1) y luego la comercialidad (2).

  1. La noción de “internacional”

Como se mencionó, la objetividad es clave para determinar si una disputa es internacional o no (Caivano & Sandler Obregón, 2018, p. 578). De hecho, el legislador argentino eligió deliberadamente dejar de lado la noción subjetiva de las partes de la internacionalidad (Caivano & Sandler Obregón, 2018, p. 578).

Hay que decir que Argentina no es el único país que ha hecho esta elección. De hecho, permitir que las partes elijan el carácter internacional de su disputa, muestra una falta de transparencia y claridad, ya que les brinda la posibilidad de determinar un arbitraje nacional como internacional. Esta falta de claridad no favorece en absoluto el arbitraje nacional o internacional a largo plazo (Born, 2014, p. 325-326).

Por lo tanto, como factores objetivos, se tienen en cuenta el establecimiento de compañías que son parte de la cláusula de arbitraje, la sede del arbitraje, si está prevista en la cláusula, o la finalización de una parte sustancial de la principal obligación de la relación comercial (Artículo 3 de la Ley 27.449). Es importante especificar que, si una parte tiene más de una institución, la que tenga la conexión más cercana al lugar del acuerdo de arbitraje o la residencia habitual de la parte se tomará en cuenta si el lugar de la institución se desconoce (Artículo 4 de la Ley 27.449).

Hasta entonces, todo podría parecer claro si el segundo párrafo del artículo 107 de la Ley 27.449 no estableciera la siguiente disposición:

Las previsiones del Capítulo 1 del Título I de la presente ley no obstarán a la aplicación del artículo 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación” (Articulo 107 de la Ley 27.449).

Como recordatorio, el artículo 2605 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCCN) establece que:

Artículo 2605 – Acuerdo de elección de foro. En materia patrimonial e internacional, las partes están facultadas para prorrogar jurisdicción en jueces o árbitros fuera de la República, excepto que los jueces argentinos tengan jurisdicción exclusiva o que la prórroga estuviese prohibida por ley” (Artículo 2605 del CCCN).

El artículo permite internacionalizar un arbitraje al fijar la sede del arbitraje fuera del territorio nacional y, por lo tanto, introduce un carácter subjetivo a una ley que contiene explícitamente un artículo que se opone al carácter internacional del arbitraje.

Esto es claramente confuso, porque la cuestión de la primacía entre la Ley y el Código Civil y Comercial surge directamente.

Podría mencionarse que la norma especial tiene prioridad sobre la general, y uno podría interpretar que el legislador no quería que un caso puramente interno fuera arbitrable fuera del país (Boggiano, 2018).

Pero en la práctica, está claro que es improbable que se aplique el artículo 2605 del CCCN. De hecho, el Dr. Boggiano da, con razón, el ejemplo de dos empresas argentinas que decidieron que la sede del arbitraje estuviera en el extranjero. Es muy poco probable que, en este caso, el artículo 2605 del CCCN se aplique, más que la ley argentina omite indicar la ley aplicable al acuerdo de arbitraje (Boggiano, 2018) y eso resolvería la cuestión.

Parecería que al final solo reflejaba el deseo de que los asuntos puramente nacionales no se pudieran arbitrar fuera del país (Boggiano, 2018).

La cuestión que queda por resolver sería la relativa a la ejecución del laudo arbitral y autores como el Dr. Boggiano opinan que, a menos que haya otro problema más grave en contra de la sentencia, este punto no debe ser una razón para el rechazo de la ejecución de la sentencia (Boggiano, 2018). Además, cabe recordar que Argentina es parte tanto de la Convención de Nueva York de 1958 como de la Convención de Panamá de 1975.

En última instancia, el deseo de una definición objetiva de carácter internacional, para evitar demasiada internacionalización, parece estar establecido. Sin embargo, parece que en la práctica, esto no tiene el efecto deseado.

  1. La noción de “comercial”

Como se mencionó, la noción de “comercial” fue codificada. Integrada como norma legal en la ley argentina, porque ésta fue, hasta ahora, sólo doctrinal y jurisprudencial (Rivera, 2018, p. 3), pero también codificada en comparación con la Ley Modelo, que ofrece una definición de “comercial” solo en la nota de pie del artículo 1 de la Ley Modelo (Caivano & Sandler Obregón, 2018, p. 580).

El análisis de esta definición se realiza en dos tiempos.

Primero, se destaca el vínculo que el artículo hace entre el derecho comercial y privado. Independientemente de si la relación jurídica es contractual o no, lo que importa es el carácter de derecho privado (Rivera, 2018, p. 3-4).

Pero es la segunda parte la que nos importa, es decir, la concepción de “comercial” cuando el derecho privado lo gobierna “de manera preponderante” (Rivera, 2018, p.4).

Como bien señaló el Dr. Rivera, existen relaciones legales que son de derecho privado pero que se rigen por otro derecho, como el derecho administrativo (Rivera, 2018, p.4). Lo mismo ocurre con las cuestiones sometidas a arbitraje y que contienen un aspecto constitucional (Rivera, 2018, p. 4).

Por lo tanto, este artículo parece indicar que, si la base de la disputa es una cuestión de derecho privado, el arbitraje es, por lo tanto, de naturaleza comercial.

Esto, por supuesto, plantea muchas preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los asuntos excluidos del arbitraje por el artículo 1651 del CCCN, como los contratos de adhesión o asuntos laborales?

A priori, aquí también se podría adoptar el principio según el cual la regla especial prevalece sobre la regla general. Tampoco se vería contradicho por las Convenciones Internacionales ya que, al ejemplo de la Convención de Panamá, hablan de asuntos “mercantiles” (Artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, en adelante, Convención de Panamá).

La pregunta queda en cuanto a otros asuntos del derecho privado, como el derecho de familia o de la capacidad de las personas. Sin embargo, es muy poco probable que estos asuntos caigan en el ámbito del arbitraje por no ser cuestiones patrimoniales, sino cuestiones de interés superior o de orden social.

  1. Comparación de “internacional” y “comercial” con otros países y convenciones

Ahora que se ha planteado la cuestión de la internacionalidad y de la comercialidad en la Ley 27.449, surge la pregunta de cómo se ha resuelto esta cuestión en otros países y en el plano internacional.

Para esto, vamos a tomar un país que no ha adoptado las normas de la CNUDMI, a saber, Francia (1); países con las normas de la CNUDMI, a saber, Chile y Alemania (2); un país del common law, a saber el Reino Unido (3); y una convención internacional aplicable a la Argentina, a saber la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958 (en adelante, Convención de Nueva York) (4).

  1. El caso de Francia

Francia es a menudo conocido como uno de los países más favorables al arbitraje comercial internacional. Y también es un país que no ha replicado la Ley Modelo (UNCITRAL, 2019b).

En la fase inicial, cabe señalar que el arbitraje internacional en Francia ha sido objeto de una reforma importante con el Decreto No. 2011-48, del 13 de enero de 2011, sobre la reforma del arbitraje (Légifrance, 2018b).

Es con esta misma reforma que el artículo 1504 del Código de Procedimiento Civil establece que:

“Art. 1504.- Es internacional el arbitraje que cuestiona intereses del comercio internacional” (Légifrance, 2018a) (traducción libre del francés).

Por lo tanto, parece obvio que Francia ha mantenido una definición económica de la noción de internacionalidad (Jarrosson & Racine, 2012, §§3-4). De hecho, esto no es nada nuevo en Francia y es parte de una jurisprudencia casi centenaria con la “Jurisprudence Matter” (Légifrance, 2018c).

La noción es obviamente muy amplia, pero es importante recordar que la “internacionalidad” depende solo de la naturaleza de la operación económica y no de otros factores que se pueden usar, como la ley aplicable o la voluntad de las partes (Jarrosson & Racine, 2012, §4). Por ejemplo, la Cour d’Appel de Paris ha dictaminado un contrato entre partes francesas, teniendo como ley aplicable la ley francesa, creando una empresa cuyo objeto y obtención y la ejecución de contratos en un país extranjero cuestiona los intereses del comercio internacional (Cass. 1re civ., 26 janv. 1990: Rev. arb. 1991, p. 125, obs. Moitry et Vergne, en Jarrosson & Racine, 2012, §4).

Finalmente, hay que tener en cuenta dos aspectos: en primer lugar, la internacionalidad se evalúa en el momento del nacimiento de la disputa y en segundo lugar se toma en cuenta la internacionalidad de la disputa y no la del contrato (Jarrosson & Racine, 2012, §4).

Con respecto al mérito comercial del arbitraje, según esta definición de internacionalidad, la noción de “comercial” tiene un alcance mucho más amplio y ya no distingue entre derecho comercial y civil. Por lo tanto, el término arbitraje comercial internacional es mucho más apropiado para describir el arbitraje comercial internacional francés y sirve principalmente para diferenciarse del arbitraje de inversiones y el deporte (Jarrosson & Racine, 2012, §3).

  1. El caso de Chile y Alemania

La peculiaridad de Chile es que ha adoptado, a través de su ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional del 29.09.2004 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2019) (en adelante Ley Cl. 19.971), la Ley Modelo sobre internacionalidad y comercialidad de la letra. Específicamente, Chile ha tomado literalmente el Artículo 1.3 y la nota del Artículo 1.1 de la Ley Modelo con la única diferencia de que ha positivizado en su legislación nacional un aspecto que no estaba presente directamente en la Ley Modelo sino en una nota al pie.

Esta elección fue el deseo expreso del grupo de trabajo que enfrentó el problema. De hecho, Chile ha aplicado su ley de arbitraje lo más cerca posible de la Ley Modelo para evitar precisamente la innovación y con la esperanza de volverse más atractivos al dar seguridad a los inversores extranjeros (Vásquez Palma, 2010).

En conclusión, por lo tanto, con respecto a Chile, permite tanto la interpretación objetiva como la subjetiva de la noción de internacionalidad, dándole toda la fuerza que puede tener. Con respecto a la noción de comercialidad, hizo la misma elección al adoptar una interpretación amplia utilizando los términos “debe interpretarse en un sentido amplio para que abarque todas las cuestiones que se plantean en las relaciones de esta índole, contractuales o no” (Artículo 2g) de la Ley Cl. 19.971).

Esto está en marcado contraste con otros países, como Alemania, que, aunque han replicado la Ley Modelo (UNCITRAL, 2019b), están realizando una serie de cambios, especialmente en relación con el tema de interés.

Así, la ley alemana tomó la decisión de liberarse de estas nociones de “comercial” e “internacional” para incluir todos los tipos de arbitrajes en su ley (DeJure, 2019). Esta elección no se hizo al azar, sino que el legislador alemán procuró liberarse de todas las dificultades de interpretación y controversia derivadas de estas nociones (Bockstiegel, K.-H., Kroll, S. M. & al., 2015, p.8-9).

Por lo tanto, en este caso, tenemos el ejemplo de dos países que decidieron adoptar la Ley Modelo, pero de una manera radicalmente opuesta. De hecho, mientras uno adopta un sistema dualista, el otro adopta un sistema monista. De manera similar, mientras uno adopta un amplio sistema de comercialidad, el otro decide liberarse de él para no reducir la aplicación de la Ley Modelo al mero arbitraje comercial, sino al arbitraje en general.

  1. El caso del Reino Unido

El último ejemplo de país es el caso del Reino Unido. Este ejemplo no es sorprendente porque, a diferencia de todos los países mencionados anteriormente, el Reino Unido es parte del common law y no del civil law.

En materia de arbitraje se aplica la “Arbitration Act” de 1996 (en adelante Arbitration Act) (Legislation.gov.uk, 2019) [3]. La particularidad de la Arbitration Act es que surge en un país de common law que intenta codificar ciertas reglas de arbitraje, después de una larga consulta de derecho nacional y extranjero (Born, 2014, p. 149-150). El resultado es este “Act” que codifica de manera explícita muchos temas y de los cuales se puede notar varias veces la influencia de la Ley Modelo (Born, 2014, p. 149-150), aunque que el Reino Unido no es parte de ella (UNCITRAL, 2019b).

Una vez más, esta “Act” se aplica a los arbitrajes nacionales e internacionales. Aquí nos enfrentamos nuevamente con un sistema monista que prefiere evitar la cuestión de la internacionalidad del arbitraje (Born, 2014, p. 149-150).

Del mismo modo, no hay referencia al tema comercial (Born, 2014, p.149-150). Sin embargo, el Reino Unido posee una rica jurisprudencia sobre este tema y se desprende de una interpretación bastante estricta del asunto arbitrable (por ejemplo: Fulham Football Club (1987) Ltd v. Richards [2011] EWCA Civ 855 (English Ct. App.), en Born, 2014, p. 149-150).

En resumen, incluso uno de los países más importantes del common law decide evitar el debate sobre la internacionalidad y la comercialidad del arbitraje.

  1. El caso de la Convención de Nueva York

Finalmente, surge la pregunta sobre las convenciones internacionales. La elección de tratar la Convención de Nueva York no es una coincidencia. De hecho, esta convención, que se aplica a los laudos arbitrales internacionales, tiene dos características relevantes. La primera es que es un acuerdo firmado y ratificado en muchos países (New York Convention, 2019). La segunda es que es una convención internacional y, por lo tanto, no está excluida del ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 27.449 en caso de contradicción.

En términos de internacionalidad, el artículo I(1) de la Convención establece que:

“Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución” (Artículo I(1) de la Convención de Nueva York).

Por lo tanto, la Convención de Nueva York no da una definición de la noción de internacionalidad, sino que la deja en libertad a los diferentes estados signatarios en función de su definición de sentencia nacional o internacional. Es importante señalar, sin embargo, que, dependiendo de esta definición local, la aplicabilidad de esta Convención depende de ello. En resumen, podemos decir que la efectividad de la Convención depende de la efectividad de la ley de arbitraje del país.

En materia comercial, la Convención no proporciona ninguna definición, sino que el Artículo I(3) de la Convención permite la reducción de su alcance solo a las disputas que surjan de un conflicto comercial bajo la definición nacional, aplicando así la misma solución de definición que en el caso de la internacionalidad (Artículo I(1) de la Convención de Nueva York).

Finalmente, en este punto, no puede dejar de mencionarse la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 de Panamá (Convención de Panamá), que también se aplica a Argentina y se encuentra dentro de las excepciones previstas en el Artículo 1 de la ley 27.449. Además, en virtud del Artículo VII de la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá prevalece sobre la Convención de Nueva York (Artículo VII de la Convención de Nueva York).

Si bien no proporciona una definición directa de la palabra comercial, es cierto que el artículo 1 de la Convención de Panamá establece que:

“Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil.” (Artículo 1 de la Convención de Panamá).

Así, la Convención de Panamá restringe la noción de comercialidad a una definición puramente mercantil.

  1. Consecuencias para el arbitraje comercial internacional argentino

En vista de todo lo que se ha desarrollado anteriormente, tanto respecto a la Ley 27.449 como a los diferentes países y convenciones, se deben hacer dos comentarios sobre las posibles consecuencias y el futuro de dicha Ley en cuanto a las dos nociones analizadas.

En primer lugar, parece que, con respecto a la ley en sí, aunque parece querer dar un paso adelante en el ámbito de la internacionalidad y la comercialidad, especialmente replicando la Ley Modelo, es muy probable que no tenga el efecto deseado. De hecho, al ejemplo del deseo de objetivar la noción de internacionalidad, no logra su objetivo y debe ajustarse a una realidad de la práctica que es muy diferente.

En segundo lugar, cuando comparamos los conceptos con otros países, notamos que a menudo han adoptado una interpretación mucho más amplia de los términos, como Francia, o han intentado a toda costa evitar el debate que el legislador argentino no ha podido afrontar adecuadamente, como Alemania o el Reino Unido, que prefirió confiar en su jurisprudencia, como resultado de la Ley de Arbitraje. Incluso Chile, que replicó literalmente la Ley Modelo y, por lo tanto, se aventuró en el debate, apoyándose así en un gran arsenal de doctrina y jurisprudencia.

En síntesis, Argentina parece haber perdido el barco de un gran avance que podría haber hecho. Pero no es imposible que, con la ayuda de la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, logre rectificar la situación. Incluso, el hecho de que Argentina esté cambiando varias veces su ley sobre arbitraje comercial internacional en tan poco tiempo sugiere una voluntad política y legal para el cambio. Los cambios a mediano o largo plazo podrían dar lugar a la posibilidad de utilizar la nueva Ley sobre arbitraje comercial internacional en todo su potencial.

 

 

Bibliografía

 

Leyes/Normas:

 

Libros/Textos:

  • Bockstiegel, K.-H., Kroll, M. & al. (2015)., Part I: Germany as a Place for International and Domestic Arbitrations – General Overview. En Nacimiento, P., Kroll, S. M. & al. (2015). Arbitration in Germany: The Model Law in Practice (Second Edition) (2nd ed.). Kluwer Law International, Kluwer Law International 2015.
  • Boggiano, (2018). Observaciones preliminares a la ley argentina de Arbitraje Comercial Internacional 27.449, El Derecho n°14.472 (ED 279), 21 de agosto de 2018, p. 1-6.
  • Born, B. (2014). International Commercial Arbitration (Second Edition) (2nd edition). Kluwer Law International; Kluwer Law International 2014.
  • Caivano, R. & Sandler Obregón, V. (2018). La nueva Ley argentina de arbitraje comercial internacional, Revista de arbitraje comercial y de inversiones, vol. XI (n°1), p. 575-600.
  • Fernández Arroyo, D. P. (2013). Current trends in international commercial arbitration in Latin America. International Commercial Arbitration. Different Forms and their Features (Cambridge University Press, 2013), p.398-426.
  • Jarrosson, C. & Racine-B. (09.03.2012), Fasc. 199: Arbitrage commercial. – Droit international, JurisClasseur Commercial, §§3-4. (Ultima consulta el 18/04/19).
  • Rivera, C. (03.09.2018). La Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Consultado el 18/04/2019, de LA LEY 03/09/2018, 03/09/2018, 2 – LA LEY2018-E, 599, Cita Online: AR/DOC/1664/2018.
  • Uzal, M.- (2018). La internacionalidad, la arbitrabilidad y el derecho aplicable en la nueva Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, ed. 50 (ABELEDOPERROT, 2018), p. 619-645.
  • Vásquez Palma, F. (2010). Arbitraje y jurisdicción estatal: su coordinación en una perspectiva latinoamericana. Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones (Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN) Volume 3 (N°3), p. 766-788, Nota de pie n°48, Consultado el 18/04/2019, de Kluwer Arbitration.

 

Internet:

 

Otros:

[1] A este respecto, los documentos como el Compendio, publicado en 2012, pueden utilizarse para proporcionar un marco para interpretar y armonizar la Ley Modelo, en particular en base a la jurisprudencia de la doctrina emitida en los diferentes países.

[2] Sin perjuicio de los tratados internacionales, a los que volveremos más adelante.

[3] La Arbitration Act solo se aplica a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Otras partes del Reino Unido sí han adoptado la Ley Modelo, como por ejemplo Escocia (ver UNCITRAL, 2019b).