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Medidas cautelares en el arbitraje internacional | A propósito de un reciente pronunciamiento de primera instancia

  1. Introducción

En una reciente resolución dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5 (con asiento en la Ciudad de Buenos Aires), se decidió admitir una medida cautelar solicitada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (“AABE”) y disponer la “prohibición de innovar, en los términos del artículo 230 del CPCCN (…) a los fines de que la demandada no inicie actuación alguna ante el CIADI dado que las cuestiones de competencia articuladas en autos ha[n] quedado firme[s] siendo este Tribunal Federal el único habilitado para dirimir dichos conflictos[1].

La resolución transcripta (dictada en el marco de un proceso promovido por la AABE contra una reconocida compañía que tendría por objeto la reivindicación de un inmueble) dispuso, así, la prohibición a la firma demandada de iniciar actuaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”), por considerarse que el único fuero con competencia y jurisdicción para entender en el conflicto entre las partes sería la justicia federal en lo civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

En la resolución referida se explican ciertas cuestiones que revisten importancia para comprender su alcance y motivación:

  • al contestar la demanda promovida en su contra, la demandada expresó que sus accionistas se encuentran amparados por las previsiones del tratado bilateral de inversión aprobado por la ley Nº 24.342 (el “TBI”) y que, en virtud de lo establecido en él, la privación arbitraria de sus derechos habilitaría la jurisdicción arbitral del CIADI;
  • la actora se expidió sobre ese punto advirtiendo que la demandada no había opuesto excepción de incompetencia y, en base a ello, sostuvo que habría consentido la del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial federal, por lo que su elección habría sido definitiva en los términos previstos en el artículo 10 del TBI;
  • partiendo de esa premisa, la actora solicitó una medida cautelar que ordene al CIADI a abstenerse de entender en la disputa entre las partes si ello fuera requerido por la demandada o cualquiera de sus accionistas actuales, pasados o futuros;
  • el juez de grado destacó que la demandada efectivamente no había cuestionado su competencia para entender en este proceso y que resultaba aplicable al caso lo previsto por el artículo 10 del TBI, conforme al cual “(…) Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el términos de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida, a pedido del nacional o sociedad –o bien de las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia; -o bien al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el párrafo 3. Una vez que un nacional haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva (…)”;
  • el magistrado de primera instancia también advirtió que el proceso tenía como objeto principal el reclamo de inversiones no realizadas, por lo que resultaría de aplicación la previsión contenida en el artículo 10 del TBI;
  • en función de ello, el juez de grado consideró que ambas partes decidieron someter su controversia a la jurisdicción de los tribunales argentinos y que, por aplicación del artículo 10 del TBI, la demandada se encuentra impedida de recurrir al arbitraje internacional;
  • adicionalmente, el magistrado de primera instancia señaló que en el llamado a la licitación pública involucrada en la disputa entre las partes, se estableció que ellas se sometían a la jurisdicción de los tribunales federales de la Capital Federal “por cualquier divergencia que pudiere suscitarse”; y
  • finalmente, el juez de grado consideró que se encontraban reunidos los requisitos exigidos para la admisibilidad de la medida cautelar solicitada por la actora, en tanto la verosimilitud del derecho se encontraría configurada por las consideraciones precedentes y el peligro en la demora estaría dado por la posibilidad cierta de que la demandada promoviera una acción ante el CIADI produciendo “una alteración de la situación de hecho y derecho, influyendo en la sentencia definitiva a tomarse”.

La decisión adoptada por el tribunal comprende varias cuestiones vinculadas al arbitraje internacional que resulta interesante analizar.

En primer término, la medida cautelar dispuesta con el objeto de prohibirle a la demandada iniciar una acción contra el Estado argentino ante el CIADI parecería contradecir el principio kompetenz – kompetenz, conforme al cual el tribunal arbitral es quien tiene la potestad de expedirse sobre su propia competencia antes de que pueda hacerlo un tribunal judicial.

En segundo lugar, el principal fundamento desarrollado en la resolución bajo examen (referido a la disposición contenida en el artículo 10 del TBI), constituye una interpretación singular de la cláusula antedicha que no parece ajustarse al criterio desarrollado en el ámbito del arbitraje internacional con relación a ese tipo de disposiciones.

En tercer término, la medida cautelar parecería constituir un nuevo ejemplo de interferencia judicial en el arbitraje internacional, llegando en este caso al extremo de prohibirle a una de las partes la posibilidad de recurrir a la jurisdicción arbitral del CIADI en forma indefinida y sin limitación.

Dado el acotado margen de análisis propio de este trabajo, seguidamente me referiré de modo sucinto a cada una de las cuestiones señaladas, las que lógicamente no constituyen las únicas posibles de extraer de la resolución examinada para ser materia de análisis.

  1. La posible afectación del principio kompetenz – kompetenz

Como es sabido, el principio kompetenz – kompetenz apunta a otorgar a los árbitros la posibilidad de examinar y decidir en primera instancia los cuestionamientos que se puedan formular a su competencia (Caivano, 2011) y (Rivera, 2007)[2]. Se trata, así, de una regla de prioridad en el tiempo, en función de la cual el tribunal arbitral es quien tiene la facultad de expedirse sobre su propia competencia a fin de entender en una determinada disputa antes que el tribunal judicial (Silva Romero, 2005)[3].

Esta potestad (considerada una facultad intrínseca del tribunal arbitral[4] (Redfern – Hunter – Blackaby – Partasides, 2007) fue consagrada expresamente en nuestro país con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (“CCyC”) en octubre de 2014, en cuyo artículo 1654 se receptó con claridad el principio[5]. Antes de esa disposición, la jurisprudencia argentina no era uniforme sobre el tema, existiendo pronunciamientos que admitían la potestad del tribunal arbitral de expedirse prioritariamente sobre su propia competencia[6] y otros que desconocían esa prerrogativa[7].

En lo que se refiere estrictamente al arbitraje de inversión, el artículo 41.1 de la Convención CIADI también establece expresamente este principio, al determinar que “[e]l Tribunal resolverá sobre su propia competencia”. Como explica la doctrina especializada en la materia, en virtud de la referida disposición, los tribunales judiciales locales deben diferir a los árbitros la decisión sobre su propia competencia (Schreuer – Malintoppi – Reinisch – Sinclair, 2009)[8].

Por ello, si bien las normas contenidas en el CCyC no son aplicables a las controversias en las que el Estado es parte[9], la existencia del principio kompetenz – kompetenz en el arbitraje internacional resulta indiscutible y su consagración expresa en el artículo 41.1 de la Convención CIADI confirma que los jueces deben, como regla general, respetar la potestad de los árbitros de expedirse sobre su propia competencia.

A la luz de lo expuesto, la medida cautelar adoptada en el caso bajo análisis no parece ajustarse al principio kompetenz – kompetenz, puesto que prohíbe indefinidamente a la demandada promover un reclamo ante la jurisdicción arbitral del CIADI bajo el fundamento de que solo la justicia en lo civil y comercial federal sería competente para entender en la controversia mantenida entre las partes, a pesar de que todavía no se ha expedido al respecto ningún tribunal arbitral.

De acuerdo al principio señalado, la compañía demandada no debería estar vedada de promover su reclamo en sede arbitral. Si lo hiciera, su contraparte podría plantear la incompetencia del tribunal arbitral y éste tendría la potestad de expedirse al respecto. Y, luego de ello, la cuestión podría ser dirimida a través de los recursos previstos para ello bajo el sistema adoptado en la Convención CIADI, garantizándose así el control de la decisión que el tribunal arbitral hubiese adoptado al respecto.

Vedar de plano la posibilidad de que una de las partes del conflicto pueda someter el diferendo ante un tribunal arbitral por el solo hecho de que un tribunal judicial considera que aquél carece de competencia y jurisdicción, parecería reñir con el principio analizado en los párrafos precedentes, en tanto impide preventivamente que sean los árbitros a quienes se les pretende someter la disputa quienes definan si son o no competentes para entender en ella.

Por ese motivo no se advierte razonable ni ajustada al principio kompetenz – kompetenz la decisión cautelar de prohibir sine die y sin limitación a una de las partes del conflicto la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolverlo.

 

  • La interpretación de la cláusula fork-in-the-road

La cláusula fork-in-the-road es una disposición usualmente incorporada en tratados bilaterales de inversión, en virtud de la cual el inversor debe elegir entre formular su reclamo contra el Estado ante los tribunales judiciales locales o hacerlo en sede arbitral, siendo su elección al respecto final o definitiva (Dolzer – Schreuer, 2008)[10]. Como consecuencia de ello, si el inversor promueve su reclamo contra el Estado receptor de la inversión ante un tribunal judicial local, pierde la posibilidad de promover luego ese mismo reclamo ante un tribunal arbitral (Dugan – Wallace Jr. – Rubins – Sabahi, 2008)[11].

Una de las primeras cuestiones que suele analizarse con respecto a este tipo de cláusulas es si ellas comprenden cualquier tipo de controversias entre las partes o se refieren específicamente a los reclamos que promueva el inversor contra el Estado receptor de la inversión.
Al respecto, en un caso en el que el Estado argentino fue parte, la mayoría del tribunal arbitral que entendió en él consideró que una cláusula similar a la contenida en el artículo 10 del TBI no resultaba aplicable, porque el proceso judicial en base al cual el Estado sostuvo que el inversor había perdido la posibilidad de acudir al arbitraje había sido promovido por el propio Estado y no por el inversor[12].

En este sentido, cabe señalar que la cláusula fork-in-the-road tiene por principal finalidad prevenir la duplicación de procesos con el mismo objeto, causa y sujetos (Dugan – Wallace Jr. – Rubins – Sabahi, 2008)[13], lo que difícilmente puede tener lugar si el proceso judicial es promovido por el Estado receptor de la inversión y no por el inversor.

Por ese motivo, resulta cuestionable que, en este caso, se haya resuelto adoptar la medida cautelar requerida por la actora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del TBI, a pesar de que el proceso judicial fue promovido por la AABE y no por la compañía a la que se prohibió recurrir al CIADI.

Es que, si bien no surge del texto de la resolución bajo examen el temperamento que adoptó la demandada en el proceso judicial en el marco del cual aquella fue dictada (y, por consiguiente, se desconoce si la demandada reconvino contra el Estado nacional reclamando una indemnización con fundamento en una inversión realizada en Argentina), parecería ser que el magistrado de primera instancia consideró que el solo hecho de que se encuentre controvertida la realización de inversiones por parte de la demandada en este proceso judicial bastaría para impedirle reclamar ante la jurisdicción arbitral del CIADI con fundamento en dichas inversiones.

Conforme surge de la resolución bajo examen, el artículo 10 del TBI establece que la elección entre la jurisdicción estatal y la arbitral es definitiva “[u]na vez que un nacional haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional”, lo que parece confirmar que la cláusula en ciernes solo resulta aplicable cuando el demandante es el inversor y no cuando lo es el Estado receptor de la inversión.

En función de ello, la medida adoptada en este caso no parecería ajustarse a la finalidad perseguida a través del artículo 10 del TBI ni al criterio que, con relación a este tipo de cláusulas, se ha desarrollado en el ámbito del arbitraje internacional.

Otra de las cuestiones que suele analizar la doctrina vinculada a la cláusula fork-in-the-road, es la relativa a la existencia de disposiciones contractuales que sometan las diferencias derivadas del contrato celebrado entre las partes a los tribunales judiciales locales.

Con relación a este punto, se ha advertido que es necesario distinguir los reclamos fundados en incumplimientos contractuales de aquellos basados en incumplimientos al tratado de inversión, pues el inversor está habilitado para acudir al arbitraje internacional con fundamento en una violación a este último aun cuando exista una cláusula contractual que establezca la jurisdicción de los tribunales judiciales locales para entender en las controversias derivadas del vínculo contractual (Dolzer – Schreuer, 2008) y (Dugan – Wallace Jr. – Rubins – Sabahi, 2008)[14].

Esta cuestión relativiza la referencia efectuada en la resolución analizada, con respecto a que en el llamado a la licitación pública involucrada en este caso se estableció que las partes someterían las controversias que se suscitaran entre ellas a la jurisdicción de los tribunales federales de la Capital Federal. Conforme al criterio desarrollado en el ámbito del arbitraje internacional previamente expuesto, aun frente a dicho compromiso contractual, la compañía demandada no necesariamente se encontraría impedida de acudir a la jurisdicción arbitral si su reclamo contra el Estado receptor de la inversión se basara en una violación al TBI.

A la luz de lo expuesto, la interpretación desarrollada en la resolución bajo análisis con respecto a la cláusula de jurisdicción contenida en el llamado a la licitación pública tampoco parece ajustarse al criterio que sobre esta materia se ha elaborado en el arbitraje internacional, configurándose más bien como un pronunciamiento restrictivo de la facultad del inversor de recurrir al arbitraje para resolver sus controversias en materia de inversión con el Estado receptor de ella.

 

  1. La intervención judicial en el arbitraje internacional

Una última cuestión adicional de la decisión objeto del presente trabajo que resulta interesante analizar es la relativa a la interferencia judicial en el arbitraje internacional.

La doctrina suele advertir que los tribunales arbitrales deben desarrollar su actividad ajenos a toda interferencia judicial, añadiendo que aquellos sólo asumen competencia a partir del dictado del laudo, en la medida de los recursos habilitados por la ley que no hubieren sido válidamente renunciados por las partes (Rivera, 2007)[15].

En este sentido, se suele advertir que si se admitiera la interferencia judicial sobre lo que debe ser materia de decisión de los árbitros o un control prematuro de su actuación, se daría validez a los más o menos solapados arrepentimientos que suelen motivar los cuestionamientos a la jurisdicción arbitral, por lo que, con la excepción del control judicial de las decisiones sobre competencia (que, bajo ciertas condiciones, podrían ser objeto de un control judicial previo), es preferible que la intervención de los jueces se concentre con posterioridad al dictado del laudo (Caivano, 2011)[16].

Como resulta evidente, el arbitraje depende del respaldo de los tribunales judiciales (Redfern – Hunter – Blackaby – Partasides, 2007)[17], tanto para la eficacia de las decisiones que adoptan los árbitros como para garantizar el correcto funcionamiento del proceso arbitral. A pesar de ello, en no pocas oportunidades los tribunales judiciales han adoptado decisiones que, lejos de favorecer el normal desarrollo del arbitraje, lo han obstaculizado fuertemente.

En el ámbito internacional, se suelen mencionar como ejemplos ciertos casos en los que fueron demandadas entidades estatales en sede arbitral, a partir de lo cual, a instancias de dichas entidades demandadas, los jueces locales dispusieron cautelarmente la suspensión del proceso arbitral[18] o directamente pretendieron revocar la autoridad del tribunal arbitral[19].

En el ámbito local, medidas similares también fueron adoptadas en casos emblemáticos, en los que los tribunales judiciales emitieron medidas cautelares ordenando la suspensión del arbitraje e imponiendo multas millonarias en caso de incumplimiento de la orden judicial[20].

La medida adoptada en el caso bajo examen parece asimilarse a esta última clase de decisiones en lugar de aquellas que favorecen y fortalecen el correcto funcionamiento del arbitraje. Es que, al prohibirle a la demandada la posibilidad de promover una acción ante el CIADI sine die y sin ninguna limitación por considerarse que perdió la facultad de hacerlo bajo el TBI, la medida analizada obstaculiza fuertemente la realización de un arbitraje que ni siquiera habría llegado a iniciarse.

A ello debe añadirse que, al prohibir lisa y llanamente la promoción de un proceso arbitral, la medida en ciernes parecería contradecir la doctrina desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto al alcance de las medidas de no innovar, conforme a la cual esta clase de medidas “no puede, como regla (…) ser empleada para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de ocurrir a la justicia para hacer valer los derechos que las partes interesadas consideran tener[21].

Si, eventualmente, el tribunal arbitral cuya actuación es instada asume competencia, será ante él que tendrán que plantearse las defensas pertinentes (litispendencia, incompetencia, cosa juzgada –si la hubiere-, etc.) y si, a pesar de ello, el tribunal arbitral continúa actuando, bajo el sistema de la Convención CIADI, deberán deducirse los recursos que allí se prevén para dirimir la cuestión.

La medida cautelar de no innovar no parece ser la vía idónea para evitar que un tribunal arbitral conformado bajo las reglas del CIADI entienda en un conflicto determinado. Por ello, cabe concluir que la resolución analizada se asimila más a un supuesto de interferencia judicial en el arbitraje que a uno de apoyo del proceso arbitral.

  1. Conclusiones

Las cuestiones evaluadas en este trabajo no son las únicas posibles de ser analizadas a partir de la resolución examinada[22]. Tampoco las consideraciones desarrolladas previamente agotan el análisis de las distintas cuestiones puntualizadas. A través del presente se ha procurado solamente examinar la medida adoptada a partir de su impacto en el arbitraje internacional y de los principios, normas e instituciones que rigen en esta materia.

En la resolución examinada se ha dispuesto con carácter cautelar la prohibición indefinida de una de las partes del proceso de recurrir a la jurisdicción arbitral del CIADI para formular un reclamo contra su contraparte, sin ninguna limitación.

El fundamento principal que sustenta ese pronunciamiento radica en considerar que, al no haber planteado la incompetencia del tribunal judicial al contestar la demanda promovida en su contra, la parte demandada habría consentido la jurisdicción de aquél y, con ello, perdido la facultad prevista en el TBI para resolver el conflicto en sede arbitral.

Como se expuso previamente, esa decisión no parece respetar el principio kompetenz – kompetenz, a la luz del cual es el tribunal arbitral –no el judicial- quien tiene la prioridad para expedirse sobre su propia competencia. Prohibir de antemano la posibilidad de que una de las partes del conflicto acuda al arbitraje para resolverlo equivale, en definitiva, a impedir que el eventual tribunal arbitral que se conforme a raíz de dicha actuación se expida sobre su propia competencia.

La decisión en ciernes tampoco parece ajustarse a la interpretación que se ha desarrollado sobre la cláusula fork-in-the-road en el ámbito del arbitraje internacional. En primer lugar, porque soslaya que, a la luz de los términos del artículo 10 del TBI, dicha cláusula no sería aplicable cuando la acción judicial es promovida por el Estado (como sucedió en este caso) y no por el inversor. Y en segundo término, porque si bien en el llamado a la licitación pública involucrada en el caso se determinó que las partes someterían las eventuales controversias que se suscitaran entre ellas a la justicia federal de la Capital Federal, la existencia de este tipo de cláusulas no necesariamente impide al inversor acudir al arbitraje internacional cuando su reclamo se sustenta en una violación del tratado bajo el cual realizó la inversión por la que reclama.

Finalmente, la resolución bajo análisis se advierte como un nuevo supuesto de interferencia judicial en el arbitraje, al prohibirse de plano, sine die y sin limitaciones a una de las partes del conflicto, acudir a la jurisdicción arbitral para resolver la disputa que mantiene con su contraparte. En particular, la medida examinada parecería contradecir el criterio adoptado reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al cual la medida de no innovar no puede utilizarse para prohibir a una parte hacer valer los derechos que considera tener.

 

[1] Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5, 11/04/2019, “Agencia de Administración de Bienes del Estado c/ Cencosud S.A. s/ acción de reivindicación”, Expediente Nº 65610/2016.

[2] Caivano, Roque J. (2011), Control judicial en el arbitraje, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 42; Rivera, Julio C. (2007), Arbitraje comercial. Internacional y doméstico, Buenos Aires, Lexis Nexis, ps. 406/407.

[3] Silva Romero, Eduardo (2005), Breves observaciones sobre el principio kompetenz-kompetenz, en Silva Romero, Eduardo (Dir.) El contrato de arbitraje, Bogotá, Legis, p. 580.

[4] Redfern, Alan – Hunter, Martin – Blackaby, Nigel – Partasides, Constantine (2007), Teoría y práctica del arbitraje commercial internacional, Buenos Aires, La Ley, 4º Ed., ps. 371/372.

[5] El artículo 1654 del CCyC establece: “Competencia. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje otorga a los árbitros la atribución para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”.

[6] En este sentido: CSJN, 27/12/1974, JA, 27-1975, 115; CNCom., Sala E, LL, 1989-E, 304.

[7] En este sentido: CNCom., Sala B, LL, 82-402; íd., Sala A, LL, 76-324.

[8] Schreuer, Christoph – Malintoppi, Loretta – Reinisch, August – Sinclair, Anthony (2009), The ICSID Convention. A commentary, Cambridge University Press, 2º Ed., p. 521.

[9] Conforme a lo dispuesto por el artículo 1651 del CCyC.

[10] Cfr.: Dolzer, Rudolf – Schreuer, Christoph (2008), Principles of international investment law, New York, Oxford University Press, p. 216.

[11] Dugan, Christopher – Wallace Jr., Don – Rubins, Noah – Sabahi, Borzu (2008), Investor-State arbitration, New York, Oxford University Press, p. 368.

[12] Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. República Argentina, Decisión sobre jurisdicción, Caso CIADI No. ARB/09/1, 21 de diciembre de 2012, ¶ 184.

[13] Dugan, Christopher – Wallace Jr., Don – Rubins, Noah – Sabahi, Borzu, ob. cit., p. 370.

[14] Dolzer, Rudolf – Schreuer, Christoph , ob.cit., ps.218/219; Dugan, Christopher – Wallace Jr., Don – Rubins, Noah – Sabahi, Borzu, ob. cit., p. 391. En este sentido se han expedido varios tribunales arbitrales conformados bajo las reglas del CIADI: Compañía de Aguas del Aconquija S.A., Vivendi Universal v. República Argentina, Decisión sobre anulación, 3 de julio de 2002; CMS v. República Argentina, Decisión sobre jurisdicción, 17 de julio de 2003; SGS v. Pakistan, Decisión sobre jurisdicción, 6 de agosto de 2003; Azurix v. República Argentina, Decisión sobre jurisdicción, 8 de diciembre de 2003; entre muchos otros.

[15] Rivera, Julio C., ob. cit., p. 486.

[16] Caivano, Roque J., ob. cit., ps. 181/187.

[17] Redfern, Alan – Hunter, Martin – Blackaby, Nigel – Partasides, Constantine, ob. cit., ps. 465/466. Como explican los citados autores, los tribunales judiciales son los únicos que pueden rescatar al arbitraje cuando una de las partes pretende sabotearlo, por lo que, si bien los tribunales judiciales pueden existir sin el arbitraje, a la inversa, el arbitraje no podría subsistir sin el apoyo del poder judicial.

[18] Ver, en este sentido, los casos Salini Construttori S.p.A. vs. Addis Abeba Water and Sewerage Authority e Himpurna California Energy Ltd. vs. PLN, citados por Rivera, Julio C., ob. cit., ps. 478/480 y Caivano, Roque J., ob. cit., ps.171/174.

[19] Así sucedió en el caso CCI N° 7934, con respecto al cual un juez de Bangladesh emitió una resolución revocando la autoridad del tribunal arbitral luego de que la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional hubiera desestimado la recusación de uno de los árbitros (Rivera, Julio C., ob. cit., p. 478).

[20] Ver, en este sentido: C. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, 15/05/2003, 04/06/2003 y 26/08/2003, “Administración de Usinas y Transporte Eléctrico del Uruguay c/ Hidroeléctrica Piedra del Águila” y “Administración de Usinas y Transporte Eléctrico del Uruguay c/ Central Puerto S.A.”, con nota de Rojas, Jorge A., “Amparo al arbitraje”, ED, 205-84; C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 03/07/2007, “Procuración del Tesoro c/ Cámara de Comercio Internacional”, JA, 2007-IV, 26; Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 3, Sec. N° 5, 27/09/2004 y 18/04/2005, “Entidad Binacional Yaciretá c/ ERIDAY”, LL, 2005-A, 12 y LL, 2005-C, 651; CNCom., Sala C, 11/03/2003, “Akzo Nobel Coating S.A. y otro c/ Cámara Argentina de Comercio s/ amparo”, ED, 205-162.

[21] CSJN, 16/07/1996, “Líneas Aéreas Williams S.A. (Lawsa) c. Provincia de Catamarca –Dirección Provincial de Aeronáutica”, Fallos, 319:1325. En el mismo sentido: CSJN, 26/12/1995, “Patagonian Rainbow S.A. c. Provincia del Neuquén y otros s/ cumplimiento de contrato”; íd., 02/11/2004, “Supermercados Norte S.A. y Otros c. Provincia de Entre Rios”, Fallos, 327:4773; íd., 10/05/2005, “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c. Provincia de Tucumán”, Fallos, 328:1438.

[22] En efecto, solo a modo de ejemplo, no se ha evaluado aquí la posible afectación al derecho de acceso a la justicia de la parte afectada por la medida cautelar (de evidente rango constitucional), ni la posibilidad de que los accionistas de la sociedad demandada puedan promover un reclamo ante la jurisdicción arbitral del CIADI a la luz de los términos en que la resolución en cuestión fue dictada.